Sudestada N° 154 - La batalla que viene. Iglesia y Estado, asuntos separados

Descripción

En 1867, hacía apenas dos años que José María Gelabert y Crespo había sido investido con el solemne cargo de Obispo de Paraná, lo cual implicaba que su diócesis incluía a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Era un obispo poderoso y orgulloso. Paraná había dejado de ser la capital de la Confederación Argentina desde 1862, y vuelto a su estatus de capital entrerriana. El obispo reunió en una plaza de Santa Fe a muchos de sus fieles, decidió dar misa, él mismo, convocando a numerosas parroquias. Dijo unas palabras en latín y bendijo las armas de su improvisado pelotón de fusilamiento. Habló de la misión divina de proteger la fe y luego calló. Los hombres armados apuntaron y dispararon al unísono. Luego tronaron los aplausos. Las balas destrozaron el texto de la Ley de Matrimonio Civil que el gobernador Nicasio Oroño había logrado hacer aprobar en la legislatura. Se trató, tal vez, de una de las primeras perfomance de nuestra historia. Por primera vez alguien se había atrevido a disputarle a la Iglesia el monopolio de los casamientos. La rebelión continuó y fue en aumento hasta que finalmente lograron torcerle el brazo al gobernador, que terminó renunciando y se retiró de su provincia, exiliado y excomulgado. Su intensión era recibir la corriente inmigratoria europea en Santa Fe, y muchos de los que llegaban eran protestantes; por eso, el matrimonio civil podía ser una vía de inclusión. Gelabert había ordenado que en todas las iglesias de su área de influencia los curas les transmitieran a los fieles que nadie que optara por casarse por civil sería aceptado en la Iglesia, y los amenazó con la excomunión. La ley fue desechada.
Gelabert, sabiéndose vencedor de Oroño, decidió cuestionar la educación laica en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay donde, tanto los profesores como los estudiantes, tenían fuerte inclinación hacia el anticlericalismo y sentían simpatías por la masonería, cuando no pertenecían a ella. El cura párroco de esa villa, Félix Mozos, escribió al obispo que la juventud del Colegio era "la más pervertida que existe en el universo, por la educación científica que reciben". Pero aunque Gelabert no quiso vencer las posturas del Colegio del Uruguay por la fuerza, en octubre de 1880, en ocasión de una visita pastoral a Concepción del Uruguay, su coche fue apredreado por los estudiantes. El escándalo que se generó fue mayúsculo, y el propio gobierno nacional exigió una investigación a fondo y el castigo a los agresores, seis de los cuales fueron arrestados.
Esta es sólo una pequeña muestra, pintoresca por cierto, de una historia mucho más larga y constante. Cada uno de los avances en materia de derechos civiles en Argentina tuvieron que atravesar la oposición activa y militante de la Iglesia Católica. El problema es que no se trata de una simple organización que centraliza y administra un culto religioso; la Iglesia operó siempre desde las entrañas del Estado, contó con cuadros políticos en importantísimos puestos ejecutivos de la Nación, entre los legisladores nacionales y provinciales, en todos los niveles del Poder Judicial, en las Fuerzas Armadas, en los medios de comunicación, en todas las capas educativas y sociales. 
En la Argentina la libertad de culto está garantizada por el artículo 14 de la Constitución Nacional, aunque el Estado reconoce un carácter preeminente a la Iglesia católica que cuenta con un estatus jurídico diferenciado respecto al del resto de iglesias y confesiones. Según la Constitución en su artículo dos, el Estado Nacional debe sostenerla, y según el Código Civil y Comercial, es jurídicamente asimilable a un ente de derecho público no estatal. Este régimen diferenciado, sin embargo, no implica elevar al catolicismo al estatus de religión oficial de la República. El Vaticano y la Argentina tienen firmado un concordato que regula las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica firmado en octubre de 1966 durante la dictadura de Juan Carlos Onganía.

LA RAÍZ DE UN VÍNCULO
Remontémonos a los orígenes de la historia argentina y su vínculo con la Iglesia Católica. Todos los obispos del virreinato se pronunciaron en contra de la Revolución: Benito Lué, de Buenos Aires, dirigió la resistencia contra la Revolución en mayo de 1810; Rodrigo de Orellana, de Córdoba, participó de la resistencia militar contra ella, y Videla del Pino, de Salta, apoyó las invasiones realistas. Como resultado, los tres fueron fuertemente limitados en su autonomía y se les prohibió predicar y confesar. Orellana fue condenado por la Primera Junta de Gobierno a morir fusilado junto al exvirrey Santiago de Liniers y sus compañeros, pero no fue ejecutado, se lo envió a prisión y luego huyó a España. Videla conoció también la cárcel y falleció en su sede en 1819. El obispo Lué falleció en 1812, posiblemente envenenado. Desde entonces, y hasta 1830, no hubo ningún obispo en el territorio rioplatense. Las tres diócesis se vieron obligadas a administrarse a sí mismas como sedes vacantes, quedando en manos de los cabildos eclesiásticos. La importancia política de la Iglesia no se le escapó a Mariano Moreno, quien, en su afán de llegar a la población con las ideas revolucionarias, no dudó en obligar al clero a leer desde los púlpitos el primer periódico patrio, La Gazeta de Buenos Aires, que tuvo un rol decisivo en la formación de opinión de la sociedad...